LICENCIAS MÉDICAS, LA ESTAFA INVISIBLE EN LAS COMCUNIDADES DE EDIFICIOS

Con la inmigración se han abierto varias aristas en las Comunidades de Edificios. La primera y más importante, es el aumento de la oferta de personal para edificios, conserjes, auxiliares de aseo y maestros en general, quienes han venido a completar algunas necesidades relevantes en este mercado tan potente. Si, más de 26.000 edificios solamente en la Región Metropolitana requieren emplear a estos trabajadores, en un número que puede alcanzar a alrededor de 175.000 trabajadores con relación directa con la comunidad y otros 100.000 más en ocupaciones indirectas (mantenedores de jardines, piscinas, corrientes débiles, etc.) todo lo cual, le significan a los residentes de los edificios, más de US$ 1.000.000.- mensuales en gastos comunes, sólo en remuneraciones y honorarios.

Por regla general y gracias a las políticas de cumplimiento legal que las Comunidades presentan, todas estas personas están sujetas a un Contrato de Trabajo, ya sea indefinido, o a plazo fijo, ocasionalmente, existen trabajadores sujetos al pago por boletas de honorarios, valores todos que, finalmente afectan en forma directa el ítem Remuneraciones de los gastos comunes habituales, lo que, a su vez, compromete casi un 30% del presupuesto de gastos comunes mensuales de la Comunidad.

Sin embargo, desde un tiempo a esta parte, están apareciendo, intempestivamente, sin síntomas previos, Licencias Médicas sorpresivas, en la mayoría de los casos por 30 días, que además tienen una significación gravísima sobre dos aspectos fundamentales de la Copropiedad Inmobiliaria. Uno, es la frustración de la Administración al saber que esa licencia es “trucha” como decimos coloquialmente, que se obtuvo mediante un llamado telefónico y el pago de una cantidad de dinero menor y lo que es peor, se utiliza sin ninguna consideración ni sensibilidad por la institución donde trabaja, faltándole con ello el respeto no sólo a la Comunidad sino también a sus Jefes, a sus compañeros y a todos los residentes que, finalmente concurren al pago de su sueldo y la otra, es el costo que esa licencia conlleva a toda la Comunidad. En efecto, cada una de esas licencias significan al empleador un costo por el reemplazo que, debido a la contingencia en que se produce, es más caro que el valor normal del sueldo permanente del trabajador “enfermo” y si el ejemplo se multiplica por dos o tres licencia paralelas, como es hoy día, el caso de un edificio que conozco cercanamente, el costo final de las remuneraciones sube artificial y considerablemente, en un porcentaje que, amplificado a nivel de la RM solamente, puede alcanzar cifras astronómicas.

Este análisis no menciona el costo que, para nuestro sistema de salud y para nosotros mismos significa.

Sin embargo, y a pesar de que hoy los Administradores tenemos las manos atadas porque no hay ningún estamento oficial como el COMPIN , la SUSESO que, primero, reciban una denuncia al respecto y segundo, si lo hicieran la investigaran, nos lleva sentir que el ciudadano común y corriente debe aceptar con vergüenza este abuso a nuestras instituciones de salud.

Afortunadamente, hay serios avances en una modificación legal que permita y obligue a estas instituciones, no sólo a perseguir a los médicos que otorgan las licencias, muchas veces imposibles de ubicar y sancionar, sino también a los organismos públicos que permitan estos abusos sin accionar una denuncia para la búsqueda de sanciones ejemplarizadoras

Con 29 votos a favor y una abstención, la Sala respaldó la recomendación de la Comisión de Salud de rechazar los cambios realizados por la Cámara Baja al proyecto que sanciona las licencias médicas falsas. Con este resultado, la norma será consensuada en una Comisión Mixta, cuyos integrantes serán designados en los próximos días.

 La propuesta iniciada en mensaje viene a actualizar la ley N° 20.585 publicada hace nueve años. De esta forma, apunta a fortalecer la capacidad fiscalizadora de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), aumentando sus facultades y otorgándoles herramientas adicionales.

 En la sesión ordinaria, el presidente de la instancia de Salud, el senador Javier Macaya explicó que “el gasto en salud es altísimo y la mayor parte de él corresponde a licencias médicas. Creemos que se debe mejorar parte de la redacción aprobada en la Cámara porque -entre otras materias- se rebajaron sanciones (…) En Chile hay muchos falsos pacientes que solicitan licencias para no ir a trabajar. Un porcentaje bajo de médicos emiten una gran cantidad y pagan justos por pecadores”.

Cabe consignar que, en la Comisión de Salud, los parlamentarios acordaron la necesidad de modificar tres artículos:

 •    Artículo 1° referido a quiénes pueden emitir licencias médicas. Se aprobó que sean cirujanos, cirujanos dentistas y matronas que se encuentren debidamente inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales (RNPI) que dispone la Superintendencia de Salud. Ahora se busca agregar que “se encuentren en territorio nacional”. Esto dado que se determinó que gran parte de las licencias fraudulentas provienen de médicos que están en el extranjero.

Esperemos entonces  que los avances en el proyecto que modifica las sanciones a los expendedores y usuarios de Licencias Falsas, continúe su avance y se despache a la brevedad.

Por ahora, sería quizás una buena sugerencia solicitar, junto al curriculum del postulante, un certificado de salud compatible con el cargo y  una declaración jurada de la cantidad de licencias médicas utilizadas en los últimos 24 meses, certificada por sus antiguos empleadores por ejemplo.